Por: Helga Lahmann
Encargada de proyecto de La Estrategia E2050Colombia en Expertise France
Bogotá, marzo de 2021. Nuestro modelo actual de producción y consumo se ha basado en la utilización de los recursos naturales como agua, bosques, suelos, minerales, etc., para producir bienes y servicios, con poca atención sobre los posibles impactos sobre la naturaleza que este desarrollo podía causar. Esto ha resultado en un aumento sin precedentes en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, pero también en la contaminación del aire, agua y suelos, y en el desperdicio de muchos recursos.
Por ejemplo, se estima que cada año un tercio de la comida producida en el mundo (aproximadamente 1300 millones de toneladas) se desperdician debido a malas prácticas en el proceso de recolección, transporte y distribución. Asimismo, según el PNUD tan sólo el 3% del agua mundial es potable, y los humanos la consumen más rápido de lo que la naturaleza la puede reponer. Estos son tan solo unos ejemplos, de cómo se usan los recursos de forma ineficiente, lo cual afecta al ambiente y también tiene implicaciones sociales; se desperdicia agua, energía, comida, cuando en muchos lugares del mundo hay hogares que no tienen acceso a estos recursos, provocando problemas en salud, seguridad y limitaciones para su desarrollo económico.
Las políticas públicas son un instrumento (actividades o proyectos) que buscan responder a necesidades o problemáticas específicas de la sociedad. En este sentido, se vienen desarrollando una variedad de políticas públicas relacionadas con modelos de producción y consumo que tengan en cuenta sus impactos ambientales y sociales. Esto entendiendo que la continuación de la producción de bienes y servicios es necesaria, pero también tomando en consideración que ésta no puede hacerse basada en la destrucción de ecosistemas, la generación de contaminación o de impactos sociales negativos. Ha habido entonces esfuerzos nacionales e internacionales para limitar los modelos de producción y consumo contaminantes, y para promover otros modelos más sostenibles.
Ejemplo de esfuerzos internacionales son el Protocolo de Montreal, en 1987, para la protección de la capa de ozono que buscaba reducir la producción y el consumo de sustancias que se había demostrado contribuían al agotamiento de la misma. Este es uno de los primeros esfuerzos internacionales de política que buscaba modificar factores del sistema productivo. Más recientemente, el Acuerdo de París (2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ambos con agendas hasta el 2030, también son esfuerzos internacionales que buscan responder a la necesidad de hacer frente al Cambio Climático y promover modelos de desarrollo sostenibles.
En el país, en 1997 se formuló la Política Nacional de Producción Más Limpia, con el objetivo de garantizar la protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad empresarial. Este fue uno de los primeros esfuerzos en el país en este sentido. Le han seguido una serie de políticas y regulaciones, entre las cuales vale la pena destacar la “Política Nacional de Producción y Consumo. Hacia una cultura de consumo sostenible y transformación productiva” (2010), la política de Responsabilidad extendida del productor (Ley 1672 de 2013), el Manual de Compras Públicas Sostenibles (2015), la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 de 2016), la Política de Crecimiento Verde (CONPES 3934 de 2018) y la Estrategia Nacional de Economía Circular (2019).
La Política de Crecimiento Verde, por ejemplo, promueve la economía circular y la bioeconomía como nuevos modelos para el país, así como un sector energético más eficiente basado en energías renovables, y un desarrollo agrícola sostenible. Esta política tiene una serie de metas hasta el año 2030, que si se cumplen permitirán transformar la economía del país hacia una más eficiente, más innovadora y competitiva, y sobre todo más sostenible.
Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, tiene la responsabilidad de proteger sus ecosistemas y los servicios que éstos brindan, que son patrimonio de toda la humanidad. Al mismo tiempo, el país tiene aún problemas de pobreza, desigualdad, inseguridad y de infraestructura que debe resolver. Estas dos cosas no son incompatibles, y el reto de hacer ambas a la vez, presenta una oportunidad para que el país se transforme, se reinvente y desarrolle modelos alternativos que le permitan la protección y el uso sostenible de la biodiversidad, al tiempo que las actividades económicas se vuelven más innovadoras y rentables, y que se mejora la calidad de vida de sus habitantes.
Las políticas públicas si son implementadas correctamente, con el respectivo seguimiento y monitoreo, logran transformar esa necesidad a la cual responden. Desde la E2050, se apoyan y complementan esas apuestas que viene haciendo el país para transformar su modelo de desarrollo: desde apostarle a las energías renovables, hasta la producción y consumo sostenible de bienes y servicios. Para que estas transformaciones se hagan una realidad se deben establecer indicadores y responsabilidades, a las cuales se les haga seguimiento en el tiempo, y que esta gran apuesta por la carbono-neutralidad al 2050 sea una realidad.
