Por: Helga Lahmann
Encargada de proyecto de la Estrategia 2050Colombia en Expertise France.
 

Para lograr el objetivo de ser carbono-neutrales en el largo plazo, nuestra economía tendrá que transformarse. Pasaremos a procesos productivos menos contaminantes, con mayor componente tecnológico, mayor mecanización, entre otros aspectos. Esto implica que, surgirán nuevos empleos en nuevas áreas como las energías renovables, la bioeconomía, la tecnología y la innovación, pero también habrá empleos que desaparecerán.

La transición justa, si bien no cuenta con una definición oficial, se entiende como una serie de políticas y directrices que permitan el acompañamiento a las poblaciones afectadas de forma negativa, para que también puedan verse beneficiadas por la transición hacia una economía baja en carbono. El concepto de transición justa fue reconocido en el Acuerdo de París (CMNUCC, 2015) y en la Declaración sobre la Transición Justa de la COP 24 en diciembre de 2018 en Katowice.  Entre las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) frente al tema, se destaca que, dicha transición puede convertirse en un importante motor para la creación de empleo, la mejora de la calidad del empleo, la justicia social, avanzar en el cierre de la brecha de género y la erradicación de la pobreza.

Se estima que en América Latina y el Caribe, la descarbonización puede generar 15 millones de empleos netos al 2030; resultado de 22.5 millones de puestos de trabajo creados y 7.5 millones de empleos destruidos (BID; OIT, 2020). En Colombia, según un estudio reciente, los sectores más afectados por la destrucción de empleos serían el sector minas y energía, transporte y agricultura (Lavola, 2020), con posibles pérdidas netas respectivamente de 16 mil empleos, 129 mil empleos y 230 mil empleos aproximadamente al 2050.

Un ejemplo sencillo, de cómo puede afectar la descarbonización el empleo es, si pasamos a tener solo vehículos eléctricos, las personas que trabajan en la fabricación, reparación o incluso conducción de vehículos diésel/gasolina se verán afectadas.

La transición laboral justa busca que los cambios en el mercado laboral vayan acompañados de una adaptación de la fuerza laboral, para no dejar a nadie atrás. En este sentido es clave que desarrollemos estudios de diagnóstico para identificar cuáles serían los sectores más afectados, así como las nuevas necesidades en términos de formación y capacidades que requerirá la fuerza laboral para una economía baja en carbono, y contar con apoyos técnicos y financieros de empresas y trabajadores para poder realizar esos cambios. De igual forma, se debe prestar especial atención a las poblaciones más vulnerables frente a una economía cambiante, como son las mujeres, los jóvenes, los trabajadores informales y los trabajadores rurales. 

La OIT estima que las ocupaciones con mayoría de hombres disfrutarán de una mayor ganancia proporcional de puestos de trabajo (6,3%) en comparación con las ocupaciones dominadas por las mujeres (4,3%) (BID;OIT, 2020). La transición justa es entonces una gran oportunidad para contribuir a cerrar la brecha de género, buscando garantizar que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades.

Las micro, pequeñas y medianas empresas también jugarán un rol importante, ya que generan una alta proporción de empleos en el país, y es importante que sean incluidas en el dialogo de la transición. Dicho dialogo debe incluir al sector privado (grandes y pequeñas empresas), el gobierno y los empleados (sindicatos), para lograr que la transición sea justa, participativa e inclusiva. Podrán resultar de esas conversaciones lineamientos de política en cuanto a la transición justa, identificación de necesidades en cuanto a la oferta en educación y formación para el empleo, de acompañamiento al sector privado para los cambios a venir, y de estímulos para la creación de empleos verdes.

La transición justa de la fuerza laboral es clave como un elemento transversal de la descarbonización por que afectará a todos los sectores (aunque de forma diferenciada), y porque, si al 2050 la visión del país es ser carbono-neutral y resiliente al clima, con una economía competitiva y que mejore la calidad de vida de sus habitantes, entonces es importante que la transición hacia la descarbonización sea inclusiva y participativa. Esto teniendo en cuenta que la desigualdad y la pobreza aumentan la vulnerabilidad frente al Cambio Climático, afectando entonces la resiliencia; la calidad del empleo está correlacionada con la productividad en el trabajo, y contribuye de esa forma a la competitividad (entre otros factores), y que empleos formales, salarios dignos y acceso a seguridad social y pensión contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Por ello, se ha planteado la transición justa laboral como el tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación de emisiones y la adaptación frente a los riesgos asociados al Cambio Climático. Si de verdad queremos que la transición hacia una economía baja en carbono también permita generar riqueza y crecimiento, entonces debe contribuir a la erradicación de la pobreza, la disminución de la desigualdad, y a mejorar la calidad de vida, y para ello la transición justa de la fuerza laboral es indispensable.