La Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es un instrumento de política de Estado que busca definir objetivos de desarrollo socioeconómico y metas realistas a largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para fortalecer la resiliencia climática de Colombia construyendo un desarrollo carbono neutral y de alta adaptabilidad. Este proyecto es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) e implementado por Expertise France.
En Colombia, la resiliencia climática socio-ecológica de largo plazo (2050) se define apartir de la construcción de un desarrollo carbono- neutro y de una alta Adaptabilidad.
La Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050 constituye un ejercicio de planificación de largo plazo que demuestra el compromiso internacional del país para contribuir con el logro de los objetivos globales plasmados en el Acuerdo de París.
En 2050 Colombia será un país resiliente al clima que prioriza el bienestar humano, la conservación de la biodiversidad y la seguridad hídrica, con una economía competitiva, circular y carbono neutral; con regiones, sectores e instituciones con amplias capacidades para la adaptación al Cambio Climático, alcanzados a partir de transformaciones sostenibles promovidas a través de un actuar ético, del conocimiento, la innovación, la inclusión social multicultural, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la gobernanza territorial.
Las contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son una serie de medidas y acciones que planean realizar para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, y Las Estrategias de Largo Plazo (LTS), son estrategias que llevarán a cabo a largo plazo para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la resiliencia climática.
Frente a la realidad del cambio climático y el constante aumento de la temperatura global, el Acuerdo de París sentó las bases para el establecimiento de metas y concertaciones que permitan a todos los países avanzar hacia un futuro sostenible.
Consciente de la necesidad por realizar transformaciones profundas para lograr una reducción significativa y constante en el nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y contribuir así a que el aumento en la temperatura promedio del planeta no exceda idealmente 1.5°C, el gobierno colombiano ratificó y adoptó el Acuerdo de París bajo la ley 1844 de 2017, implementado en los diferentes sectores a través de la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050.
Unidos por este objetivo en común, el gobierno colombiano con el apoyo del gobierno francés, trabajan en conjunto para aumentar la capacidad de adaptación del país a los efectos adversos del cambio climático y trazar una senda de desarrollo resiliente al clima, que permita avanzar a largo plazo como sociedad global, hacia escenarios de mayor prosperidad, equidad y sostenibilidad.
La Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es un instrumento de política de Estado que busca definir objetivos de desarrollo socioeconómico y metas realistas a largo plazo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para fortalecer la resiliencia climática de Colombia construyendo un desarrollo carbono neutral y de alta adaptabilidad. Este proyecto es financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) e implementado por Expertise France.
Ampliar y fortalecer los procesos de creación de conocimiento climático como elemento estratégico que respalde la toma de decisiones, la elaboración de políticas y la gobernanza local, regional y nacional, para optimizar la gestión territorial, la inclusión social y la transformación productiva.
Monitoreo climático y transformación digital de datos nacionales, con consistencia interna demostrable y alta precisión, que sean la base de la toma de decisiones y de la elaboración de políticas.
Innovación disruptiva a partir del impulso a la ciencia, a la tecnología y otros sistemas de conocimiento para soportar y orientar la transición territorial, empresarial e institucional equitativa y productiva, hacia la resiliencia climática.
Educación, formación y sensibilización en cambio climático para fortalecer las capacidades de todas las comunidades y actores involucrados en la transformación nacional hacia la resiliencia climática, que promueva inclusión social, la reconciliación y la igualdad de género.
Aumento en el conocimiento para apoyar la gestión del riesgo por cambio climático y así reducir los daños y pérdidas en las infraestructuras vitales (viviendas, edificaciones escolares y hospitalarias), en los servicios básicos (agua y energía), las telecomunicaciones y en las infraestructuras de energía y transporte.
Empoderamiento y gobernanza social participativa para la gestión integral del cambio climático, incluyente, con enfoque de género y basada en conocimiento.
Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como base de la resiliencia climática para el bienestar colectivo de los colombianos.
Transición socioecológica hacia paisajes culturales multifuncionales, reducir la deforestación y degradación de ecosistemas, aumentar la conectividad ecológica y evitar el colapso de los sistemas naturales y socioculturales ante el cambio climático.
Manejo sostenible de ecosistemas marinos, costeros y oceánicos para la resiliencia climática.
Gestión integral del agua para la seguridad hídrica futura de todos los colombianos.
Sistema Nacional de Conservación ex situ fortalecido y articulado con el sector agropecuario.
Producción y consumo sostenible para una economía innovadora e incluyente.
Economía circular, que genera nuevas oportunidades de negocios, nuevos empleos, disminuye la generación de residuos y de emisiones de GEI y que permite contar con sistemas productivos más eficientes y respetuosos del ambiente.
Bioeconomía y negocios verdes para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Los criterios de sostenibilidad hacen parte integral de las decisiones de consumo del Estado, de empresas y de los hogares colombianos, generando un impacto ambiental y social positivo.
Estilos de vida sostenibles integrados a las decisiones de alimentación, vivienda, movilidad, ocio y bienes de consumo que generen dinámicas sostenibles de largo plazo.
Transición justa de la fuerza laboral que mejora la calidad de vida y la inclusión social y económica de la población, garantizando no dejar a nadie atrás.
Formulación, seguimiento y monitoreo de una estrategia nacional para la transición justa de la fuerza laboral al 2050.
Adaptar la oferta educativa y la formación para el empleo en el marco de la carbono neutralidad.
Creación de condiciones para la transición justa de la fuerza laboral y la generación de empleos verdes.
Inversiones e incentivos para la creación de empleos verdes.
Desarrollo rural, marino y costero, diferenciado por las distintas regiones del país, incluyente, integrado a las ciudades y sectores, resiliente a la variabilidad y al cambio climático que aumenta y favorece la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, evita la deforestación y garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana.
Paisajes agropecuarios para aumentar la capacidad adaptativa de sus habitantes y la reducción significativa de las emisiones de GEI y del riesgo a través de una planificación territorial multifuncional.
Sistemas agroalimentarios sostenibles y con alta capacidad de adaptación para garantizar el bienestar humano y colectivo.
Prácticas de conservación integral en los agroecosistemas (biodiversidad, suelos, agua) que detengan la degradación de suelos e incrementen la integridad ecológica, abarcando diferentes fuentes y sistemas de conocimiento.
Sistemas pecuarios sostenibles y bajos en carbono.
Manejo de pesquerías con criterios de desarrollo rural basado en los servicios ecosistémicos y la recuperación del bienestar de las comunidades.
Economía forestal competitiva, pujante y sostenible que contribuya a mejorar el bienestar el bienestar humano y la reducción de la deforestación y degradación de bosques.
Ciudades regiones con un desarrollo urbano integral para su sostenibilidad ambiental, que fomente la diversidad, equidad, conectividad y productividad, con una gobernanza urbana robusta para la gestión eficiente de sus recursos y del cambio climático, junto con una ciudadanía con patrones sostenibles de consumo, participativa e incidente.
Crecimiento urbano ordenado y planeación efectiva local y regional.
Gestión integral de recursos y residuos para contribuir al fomento de la economía circular.
Sistemas de movilidad centrados en la calidad, accesibilidad y reducción de externalidades negativas del transporte.
Edificaciones altamente eficientes y adaptadas al cambio climático que en su ciclo de vida y la interacción con el entorno genera un balance neto de emisiones de carbono igual a cero.
Soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades y en las regiones para regenerar, restaurar y ampliar el capital natural.
Autogeneración con fuentes renovables de energía y la adaptación a los cambios de temperatura con climatización sostenible.
Gobernanza de la movilidad humana como estrategia para la gestión de los impactos del cambio climático.
Matriz energética diversificada para atender la demanda a través de fuentes renovables y que permitirá el acceso a recursos limpios y al uso de tecnologías más eficientes.
Electrificación de la economía y eficiencia en todos los procesos de transformación energética y de uso final.
Generación eléctrica distribuida y descentralizada a través de redes inteligentes para incorporar agentes público privados en la producción de electricidad más cerca de los puntos de consumo y optimizar el acceso continuo a la electricidad por todos los usuarios.
Energías renovables distribuidas según las regiones con mayor potencial para la generación de cada una de las tecnologías y conectadas a la red nacional mediante transmisión HVAC corriente alterna y de HVDC corriente continua.
Digitalización para incorporar nuevos equipamientos en el uso final y en la gestión automatizada de redes.
Las plantas termoeléctricas a carbón y gas adoptan tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CCUS) y estrategias de compensación para ser competitivas a 2050.
Gestión del paisaje (entorno) multifuncional para favorecer servicios ecosistémicos y la reducción de riesgo por amenazas climáticas en la generación y transmisión de energía y la explotación sostenible de minerales.
Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos para la economía en todas sus transacciones físicas.
Sistema de transporte no dependiente de combustibles fósiles (mayoritariamente eléctrico), para asegurar la completa movilidad de los ciudadanos, así como de los bienes necesarios para el desarrollo económico.
Fomento al desarrollo y adopción de tecnologías de transporte de carga pesada y maquinaria amarilla a partir de energías limpias.
Transporte aéreo y aeropuertos con tecnologías que reduzcan el riesgo por cambio climático, el ruido y las emisiones GEI (en lo que corresponda a Colombia) desarrollándose con aumentos de productividad y mejora constante de precios.
Pico de gasolina y diésel para el año 2040 y fin del ingreso de nuevos vehículos con motores movidos por estos combustibles.
Desintegración de vehículos para reducir la circulación de equipos con tecnologías contaminantes.
Red de vías primarias y secundarias actualizadas como vías inteligentes (Smart Roads) que reduzcan el riesgo climático, aumenten la seguridad vial y mejoren la eficiencia energética.
Transporte marítimo y fluvial inteligente (Smart Rivers) integrado a la cadena de suministro intermodal y aumento de la integridad ecológica base del transporte fluvial adaptativo.
Infraestructura vial resiliente al clima y gestión de paisajes multifuncionales para reducir la vulnerabilidad y riesgo del entorno relacionado con las vías terrestres, puertos y aeropuertos.
Incrementar la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud ante eventos sensibles a la variabilidad y al cambio en el clima en articulación con los determinantes sociales y ambientales de la salud.
Sistema integrado de vigilancia y control en salud pública (SIVCSP) y sistemas de alerta temprana (SAT) locales y regionales que incluyan factores climáticos y no climáticos para la optimización de la respuesta intersectorial y sectorial.
Promoción de la salud a través de la gobernanza para potencializar los cobeneficios en salud y la prevención de la mala adaptación.
Programas de salud pública e infraestructura del sistema de salud adaptado al cambio climático y con bajas emisiones.
En 2015, con la puesta en marcha de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la suscripción del Acuerdo de París sobre cambio climático, el mundo logró compromisos políticos muy importantes para acentuar el viraje hacia las transformaciones profundas y necesarias que conducen a un mayor bienestar humano, sustentado en el equilibrio entre las variables económicas y medioambientales, integrando e involucrando a todos los sectores de las sociedades. En sintonía con esto, el Reporte Especial 1.5 °C, presentado por el IPCC en 2018, concluyó que es necesario aunar los esfuerzos para limitar, a mediados del siglo XXI, el aumento de la temperatura media del planeta a solo 1.5 °C respecto de la temperatura promedio existente en la era preindustrial (antes de 1750), ya que, comparado con un aumento de 2 °C, el número de personas, tanto expuestas a riesgos relacionados con el clima, como el de aquellas susceptibles de quedar en situación de pobreza, se podrían reducir en varios cientos de millones para 2050. Para lograr este objetivo, es necesario que los países alcancen cuanto antes, a través de transiciones rápidas y ambiciosas en fuentes de energía, uso del suelo, infraestructura, industria y manejo de residuos, el pico de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y a partir de allí, avancen en una acelerada reducción de emisiones para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo (2050).
El Acuerdo de París, como principal instrumento para impulsar este cambio, establece en su artículo 2 la necesidad de «aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero». Para lograr esto, cada país cuenta con dos instrumentos principales que deben formar parte de una misma estrategia de acción, por un lado, las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), que son instrumentos vinculantes para establecer la ruta de acción inmediata (corto plazo) para empezar a reducir ambiciosamente las emisiones de GEI y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas (artículo 3).
Por otro lado, «Todas las partes deberían esforzarse por formular y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales» (artículo 4.19). El horizonte definido internacionalmente para estas estrategias de largo plazo (LTS, por sus siglas en inglés), es precisamente 2050. Con todas estas acciones, los países miembros reconocen que se reducirán considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático, promoviendo así la resiliencia al clima (ONU, 2015).
Las estrategias de largo plazo, aunque son de carácter voluntario, marcan el horizonte hacia donde las NDC y otras políticas relacionadas, a nivel nacional y subnacional, deben evolucionar para llevar al país a cumplir con las transformaciones necesarias. Aunque las estrategias de largo plazo tienen un carácter voluntario, sitúan a las NDC en el contexto de las prioridades de planificación y desarrollo a largo plazo de los países, proporcionando una visión y dirección para el desarrollo futuro (UNFCCC, 2021).
Estas LTS deben considerarse como instrumentos de política que orienten la acción del Estado a nivel nacional, regional y local en materia de cambio climático, más allá del esfuerzo de un gobierno particular, manteniendo la coherencia, evitando la duplicidad y concretado su seguimiento y medición, en total consonancia con las demás acciones nacionales de desarrollo. No obstante, Colombia no puede alcanzar la resiliencia climática trabajando sola. El apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional será fundamental para lograr este esfuerzo. El trabajo colaborativo con los países vecinos y de la región permitirá también avanzar en acciones conjuntas que se traduzcan en mayor ambición climática.
A partir de la ratificación del Acuerdo de París en 2017 (Ley 1844 de 2017), el país comenzó el trabajo para actualizar su NDC y para formular su LTS, es así como, durante el 2019, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se elaboró la hoja de ruta para la formulación de la E2050 de Colombia, la cual fue establecida por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) el 13 de septiembre de ese mismo año.
En ese mismo mes, durante el Climate Action Summit de Nueva York, el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez (2018-2022) anunció la intención de que el país haga parte de la coalición para alcanzar la carbono neutralidad en 2050, un objetivo que ha ratificado en diversas ocasiones.
La construcción ampliamente participativa de la Estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050, fue posible gracias al apoyo del Gobierno Francés a través de sus agencias de cooperación financiera y técnica, AFD y Expertise France, a través de los fondos de la Facilité 2050. Además, el valioso y permanente apoyo al proceso por parte de aliados estratégicos como el World Resources Institute (WRI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), permitió el logro de los objetivos planteados en los tiempos esperados.
Respecto a la implementación de la E2050 esta deberá realizarse de forma integral, no fragmentando su acción entre sectores o actores con intereses particulares. Así también, es fundamental no distraer la acción persiguiendo solo objetivos de muy corto plazo en territorios y sectores que lleven a inversiones equivocadas, o a la dispersión de recursos nacionales o de cooperación internacional. Es fundamental articular el camino de construcción de carbono neutralidad y fortalecimiento de las capacidades de adaptación con el desarrollo de otros ejercicios estratégicos nacionales para la lucha contra el cambio climático, tales como, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), el Plan Nacional de Adaptación (PNACC), la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB) y los Planes Territoriales y Sectoriales de Gestión del Cambio Climático (PIGCC), las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) y otros instrumentos alineados para la búsqueda de la sostenibilidad como la Política de Crecimiento Verde y los ODS.
De esta manera, se creará la masa crítica necesaria para impulsar la transformación deseada. Avanzar en la construcción del camino hacia la resiliencia climática exige coherencia entre las políticas e instrumentos públicos y privados. Independiente de que los referentes numéricos contenidos en la E2050 no constituyen metas vinculantes ni para los sectores, ni para los territorios —dada la amplitud temática, el extenso horizonte temporal y el carácter aspiracional y no vinculante de esta—, es importante entender que precisamente estas guías indicativas del cambio mínimo necesario para alcanzar la resiliencia climática son la oportunidad para orientar todas esas acciones y ambiciones sectoriales y territoriales hacia una visión común. Por esto, la E2050 debe entenderse como un «documento vivo», el cual, con el pasar de los años y el avance de la información científica y de la gobernanza climática, puede ser actualizado, complementado, ajustado y adaptado para no perder vigencia y apoyar el cumplimiento de los compromisos del país, contribuyendo a construir una visión a 2050 que sea coherente y congruente con los esfuerzos en el marco de la CBD, IPBES, UNFCCC y UNCCD, entre otros acuerdos multilaterales.
Este proceso es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como lo designó el señor Presidente Iván Duque Márquez en la Cumbre sobre Cambio Climático de Naciones Unidas en Septiembre de 2019.
